ARTICULO PUBLICADO EN HUMAN RIGTHS WATCH
JUDITH SUNDERLAND
investigadora sénior para Europa y Asia Central de Human Rights Watch.
En una manifestación cerca del Parlamento
español el 18 de abril, un defensor del derecho a la vivienda bromeó con
la idea de que los manifestantes debían dividirse por terroristas en un
lado y nazis en el otro. Todos se echaron a reír, pero este comentario
sarcástico tiene un lado oscuro. A lo largo del mes pasado, los
políticos municipales y nacionales han utilizado todos los calificativos
posibles para deslegitimizar a la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, un movimiento de base que se ha convertido en una poderosa voz
para los cientos de miles de víctimas de la crisis de la vivienda en
España. Han denigrado personalmente a la portavoz y miembro fundador de
la Plataforma, Ada Colau, y han impuesto multas o sometido a procesos
penales a los participantes en manifestaciones no violentas.
La campaña contra la Plataforma representa un giro peligroso contra
la libertad de expresión y asociación, en un país asolado por la crisis
económica.
La Plataforma ha sido una espina para los sucesivos gobiernos desde
2009, cuando empezó a movilizar a la gente para defenderse a si mismos y
a otros frente a los embargos y los desahucios cuando explotó la
burbuja inmobiliaria. En un país donde más del 80 por ciento de la
población prefiere comprar sus casas antes que alquilar, el desempleo
masivo implicó que muchos no pudieran cumplir los pagos de sus
hipotecas. La crisis social resultante se ha visto exacerbada por las
leyes que mantienen la responsabilidad de los propietarios frente a la
deuda, incluso después de perder sus casas.
Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular parece haber emprendido
una iniciativa a gran escala para desacreditar el movimiento después de
que empezara a organizar escraches o actos de denuncia: protestas cerca
de las casas y las oficinas de diputados del Partido Popular con el fin
de presionarlos para que apoyen una propuesta legislativa redactada por
la Plataforma.
El movimiento estableció reglas para sus miembros, como evitar dichos
actos cuando hay niños presentes, no molestar a los vecinos, no
amenazar a los políticos.
La respuesta ha sido virulenta. “Tratar de violentar el voto es
nazismo puro”, dijo la secretaria general del partido. El alcalde de
Guadalajara dijo que la campaña de escraches era “totalitarismo fascista
o comunista”. Una alto cargo del Gobierno, Cristina Cifuentes, sugirió
que Colau apoyaba a grupos asociados con la banda armada separatista
vasca ETA—una acusación no falta de consecuencias en un país en el que
se condenado a asociaciones vascas de acuerdo con las leyes
antiterroristas por tenues vínculos con ETA. Colau dijo que las
acusaciones eran “vulgares, ridículas e increíbles”.
El Partido Popular no se ha contentado con los insultos. Al menos
cuatro funcionarios electos han presentado demandas judiciales contra
participantes en los escraches. En el caso más conocido, la
vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría presentó una
denuncia contra 27 personas por “amenazas y coacción” tras un escrache
delante de su casa a principios de abril. Las autoridades de Madrid ya
habían sancionado a 18 personas por organizar una manifestación no
autorizada, en relación con este caso.
Un sindicato de funcionarios de derechas, Manos Limpias, presentó una
denuncia contra Colau por incitar a amenazas y coacción contra cargos
electos.
La Plataforma es un caso único en Europa. La Plataforma, un verdadero
movimiento de derechos humanos desde la base, ofrece asesoramiento
jurídico y asistencia en la negociación con bancos, pero también
organiza protestas para detener desahucios y tomas de bancos. De esta
manera, ha reconducido fundamentalmente el debate público y se ha ganado
una credibilidad generalizada en España. El año pasado, recopiló más de
1,4 millones de firmas (muy por encima del medio millón necesario) de
apoyo a su propuesta de ley que, entre otras medidas, permitía la dación
en pago y garantizaba viviendas asequibles para los desposeídos.
Puede que no todos estén de acuerdo con algunas de sus tácticas, ni
incluso con todos sus objetivos. Es cierto que existe un cansancio entre
sectores de la población española por la discordia constante en medio
de una profunda crisis económica y las penurias generalizadas.
No obstante, la presión pública organizada y no violenta para el
cambio es una característica fundamental de una sociedad democrática.
Los derechos a la libertad de expresión y asociación, como el de reunión
pacífica, están consagrados en el derecho internacional y la
Constitución Española. Esta es la razón por la que el derecho de
derechos humanos fija un umbral elevado para la prohibición o la sanción
de manifestaciones públicas: las protestas no autorizadas, molestas,
incluso ofensivas, pueden ser perfectamente legítimas. Y los cargos
electos han de estar dispuestos a tolerar el escrutinio y las críticas.
En última instancia, los tribunales decidirán si los participantes en
algún escrache vulneraron la ley (un juez de Cantabria ya ha
desestimado una denuncia). Sin embargo, calificar estas acciones de
“profundamente antidemocráticas”, como ha hecho el primo ministro
Mariano Rajoy, es un ataque injustificado contra los defensores de
derechos y distrae la atención de los verdaderos problemas.
Cientos de miles de personas se han visto afectadas por la crisis
hipotecaria. Tan solo en 2012, los bancos embargaron 32.490 primeras
viviendas y pusieron en marcha casi 66.000 procesos de embargo. Cuando
se obtuvieron las hipotecas, las prácticas crediticias irresponsables,
por no decir depredadoras, eran habituales y las tasas de interés por
impago eran elevadas (en algunos casos hasta del 18 por ciento).
Al parecer, las comunidades de inmigrantes han sido una de las
víctimas propiciatorias de las hipotecas cuestionables. Se estima que
una tercera parte de los afectados por la crisis hipotecaria son
inmigrantes, una cifra bastante por encima de su proporción dentro de la
población. Eduardo, un ecuatoriano de 44 años, explicó que los
representantes de una empresa inmobiliaria intermediaria visitaban
regularmente la obra de construcción donde trabajaba para promover
"ofertas" de los bancos para comprar una casa. “Sabían que a las 10
parábamos unos 15 minutos, llegaban ahí y nos acosaban”, me dijo.
Esto fue en 2006, cuando la industria de la construcción– en la que
estaban empleados muchos inmigrantes –estaba en su apogeo. En los años
siguientes, la industria se colapsó, las tasas de interés se dispararon y
la economía cayó en picado, dejando a millones de personas en el
desempleo—que alcanzó un máximo histórico del 27,2 por ciento en el
primer trimestre de 2013.
El número de personas que no pueden cumplir los pagos de la hipoteca
ha aumentado constantemente. A diferencia de otros países, la entrega de
las llaves de la casa no conlleva que se salden las cuentas con el
banco, y muchos se quedan con la carga de una deuda significativa si,
como casi siempre ocurre, el valor adjudicado de la propiedad no cubre
la cantidad total del préstamo. Los que intentan resistirse al desahucio
acaban inmersos en largas y costosas batallas legales en el marco de
procesos que no garantizan sus derechos.
Al dejar de lado la propuesta legislativa de la Plataforma, el
Gobierno se ha limitado a adoptar sus propias reformas. Estas reformas
consisten en limitar las tasas de interés de demora y exigir a los
bancos que perdonen entre el 20 y el 35 por ciento de la deuda si los
deudores pagan la cantidad restante en el plazo de cinco o diez años.
Por primera vez, los jueces podrán suspender un desahucio si está basado
en disposiciones injustas dentro de la hipoteca (el Tribunal Europeo de
Justicia había dictaminado en marzo que los procedimientos anteriores
vulneraban los reglamentos de la Unión Europea sobre protección del
consumidor). Las familias especialmente vulnerables deben disfrutar de
una moratoria de dos años de sus desahucios—si su banco ha firmado
voluntariamente un código de buenas prácticas—y el Gobierno va a
trabajar con el sector bancario para convertir las casas embargadas en
viviendas de alquiler a bajo precio.
La Plataforma, entre otros, sostiene que estas reformas son demasiado
poco y demasiado tarde. Aunque las disposiciones sobre suspensión de
desahucios y la posibilidad de perdonar la deuda podrían ofrecer cierto
alivio, es improbable que beneficien a la mayoría de los que se
enfrentan a la pérdida de sus casas. Tampoco ayudarán en nada a los que
ya han sido desalojados de sus casas y siguen cargando con una deuda
insuperable. Tampoco está claro que las reformas aborden los problemas
estructurales en un país con uno de los parques más bajos de viviendas
sociales de Europa y alquileres altos en el mercado privado.
María, una peruana de 45 años que fue desalojada de su casa en
octubre de 2012 participa activamente en la Plataforma. Dijo: "No me
considero terrorista, ¡jamás! Soy luchadora para defender mis derechos
humanos, solo quiero justicia”. En lugar de desperdiciar el tiempo de
todos intentando desacreditar a la Plataforma, el Gobierno debería
reflexionar sobre si está haciendo lo suficiente para garantizar el
acceso de todos a una vivienda adecuada y asequible.
Fuente HUMAN RIGTHS WATCH
